"Lo proactivo es intentar una reconversión integral: por la magnitud del sector, Educación debe dejar de ser un simple ministerio para convertirse en una entidad constitucionalmente autónoma, en términos equivalentes -aunque con los necesarios ajustes- al régimen del Banco Central de Reserva (BCR), de tal modo que cuente con el respaldo de todos los sectores políticos".
La mejora del sistema educativo sigue siendo un tema tan urgente como álgido y abierto a la polémica.
En cuanto al diagnóstico hay consenso mayoritario sobre la situación deficitaria del sector que, a pesar de los significativos incrementos salariales a los maestros, sigue adoleciendo de una elemental falta de calidad.
En el contexto latinoamericano, las cifras de la educación peruana continúan a la zaga, con niveles de lectura y compresión bastante inferiores en el promedio escolar. Y la politización e ideologización del gremio magisterial se ha convertido hace muchos años en parte del problema y no de la solución, lo que exige una firme voluntad política para enfrentar el asunto.
En tal sentido, el reto fundamental del nuevo Gobierno es poner los medios para que la educación pública -subsidiada por el Estado- se acerque a los niveles de la educación privada.
Esto exige una alta dosis de realismo y sentido común para diferenciar, como aconsejan los expertos, lo que pueden ser acciones de gobierno coyunturales de una política de Estado de mediano y largo plazo, no sujeta a los vaivenes o caprichos de la politiquería.
Acuerdo Nacional es la Base
Hay para ello una base importante en el Acuerdo Nacional, cuyos aspectos prioritarios tienen que ser recuperados y vueltos al debate público.
Como hemos reiterado, necesitamos crear una entidad rectora y autónoma que, al modo del BCR en el manejo monetario, defina las políticas públicas en educación. Estas deben incluir la revalorización de la carrera magisterial, en la que debe introducirse mecanismos de evaluación, profesionalización y premio al mérito; y no, como ahora, que se aplican criterios chatos y mediocres por la absurda presión de una reducida cúpula sutepista.
En este amplio contexto, la novedosa alternativa de municipalizar la educación y dar a los concejos responsabilidades sobre su operación tiene que ser vista como una alternativa interesante que debe ser seriamente evaluada.
Según la opinión de destacados especialista, estamos perdiendo una oportunidad histórica: la educación no es solo un derecho de todos, sino la herramienta básica para desarrollar sanamente el país, promover la movilidad social y luchar contra la pobreza. Por el contrario, un sistema educativo deficiente es, además la más injusta de las exclusiones, pues limita, desde su inicio, las posibilidades de desarrollo del ciudadano.
El reto que asume el APRA
Los expertos enfatizan también la urgencia de convocar al Congreso y otras entidades, como las regiones y municipalidades, para descentralizar y mejorar la educación.
Ante este clamoroso escenario, el Apra debe tener muy en claro que, como nunca antes, en los próximos cinco años el tema de la calidad educativa estará en el centro de la preocupación nacional y, especialmente, de los padres de familia.
Por lo mismo, el nombramiento de su ministro de Educación es una decisión que debe sopesar cuidadosamente, pues será visto como una señal de la prioridad y orientación que presta a tan fundamental asunto.
El Comercio Editorial19 Jul 2006
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